La reducción de remuneraciones puede ser consensuada de manera verbal

"La reducción de la remuneración en el contexto de la Ley Nº 9463, puede ser consensuada; y siendo que, tal aceptación puede ser no necesariamente por escrito, sino también puede darse verbalmente, en un contexto excepcional que lo justifique".

Prohíben impresión de expedientes judiciales electrónicos

"Prohibir la impresión de expedientes judiciales electrónicos en los procesos no penales; así como la transcripción íntegra de audiencias que han sido grabadas en audio y video; bajo responsabilidad funcional administrativa, y con conocimiento a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial".

Responsabilidad con carácter persecutorio para el pago de créditos laborales

"La responsabilidad con carácter persecutorio para el pago de créditos laborales debe alcanzar en forma sucesiva una después de otra a todas las empresas a las que ha transferido bienes el primer empleador". 

Excepción en la aplicación del plazo de prescripción para demandar reposición por despido fraudulento

"...la regla de prescripción no es absoluta, ni puede utilizarse para desvirtuar los objetivos del proceso constitucional, máxime si se trata de procesos sensibles como el de autos, en la que por disposición fiscal de fecha 11 de abril de 2019, se ha desvirtuado de manera definitiva la razón del despido del demandante..." (voto singular del magistrado GUTIÉRREZ TICSE).

Obligación de citar al autor y las fuentes utilizadas en una Sentencia

"...consideramos que la omisión en el citado de fuentes en las resoluciones judiciales es un indicativo de una falta de profesionalismo, dado que la magistrada, en su calidad de profesional en derecho, tiene el deber de conocer el contenido de la LDA [Decreto Legislativo Nº 822, Ley Sobre el Derecho de Autor]”, y en esa medida su obligación legal de citar al autor y las fuentes utilizadas en la elaboración de sus resoluciones. Además, no podemos dejar de advertir que, en el caso en concreto, la ponencia de la investigada llegó a ser Ejecutoria Suprema; es decir, se trataba de una resolución dictada por la máxima instancia del sistema de justicia ordinario del país, en el tramite de un recurso de casación, que por su naturaleza tiene una triple función: nomofiláctica o de defensa de la ley, uniformadora a través de su jurisprudencia con efectos vinculantes, y dikelógica para propender a la justicia del caso concreto; por lo que, las ejecutorias supremas tienen un valor relevante en el sistema de fuentes del derecho". 

Contenido del derecho al debido proceso

"Contenido del derecho al debido proceso.

De la revisión de numerosas ejecutorias emitidas por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como de la sentencia del Tribunal Constitucional, se puede determinar que el derecho al debido proceso, comprende los elementos siguientes:

Concepto de falta grave en el derecho laboral

"La falta grave es aquella infracción cometida por el trabajador contra los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, de tal intensidad, que haga irrazonable la continuidad de la relación laboral, producida por acto doloso o culposo del trabajador; en el caso del demandante, no se ha producido el incumplimiento a que hace referencia la demandada en la carta de pre aviso y carta de despido, motivo por el cual, no es posible concluir en que el cese se ha dado por razones disciplinarias". 

Los juzgados laborales son competentes para conocer demandas de indemnización por accidente de trabajo en el Régimen Público.

"...teniendo en consideración que los Juzgados Especializados de Trabajo tendrían competencia para dilucidar en vía de proceso ordinario laboral, la pretensión respecto a la responsabilidad contractual (indemnización por daños y perjuicios), de acuerdo al inciso b), numeral 1) del  artículo 2° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, no se puede denegar el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva de los trabajadores, sujetos al régimen laboral público, cuando el conflicto deriva de un incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo. Además, que en aplicación de los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal Laboral, tal como han sido explicado en considerandos precedentes, es indispensable merituar los principios pro actione, razonabilidad y economía procesal, así como el ámbito de la justicia laboral".

Es válido usar como elemento objetivo para el cálculo del lucro cesante el monto de la remuneración dejada de percibir

"...de lo expuesto en los fundamentos que anteceden, este Tribunal Constitucional advierte que las resoluciones materia de control constitucional sí expresaron con claridad las razones fácticas y jurídicas que llevaron a los jueces demandados a fijar el monto indemnizatorio que debía pagarse al afectado por concepto de lucro cesante, en la suma de S/ 144 060.72, y justificaron por qué debía tomarse para ello como referencia o elemento objetivo para su cálculo las remuneraciones y demás beneficios económicos que el demandante dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado de la función fiscal, de modo que no se produjo contravención a alguna disposición legal o jurisprudencia vinculante. Además, tampoco se aprecia incongruencia alguna en las cuestionadas, pues dejaron claramente sentado que no se estaba ordenando el abono de una remuneración por un trabajo no realizado, sino que consideraron los montos que el demandante dejó de percibir como fiscal superior como referencia o base objetiva para determinar el monto a pagarse por lucro cesante”.

Requisitos de admisibilidad previstos en el Artículo 386º, numeral 2, literales a) y b) del CPC modificado por la Ley Nº 31591 no son aplicables a la vía contencioso administrativa

"En ese sentido, con relación a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, ésta última ha sido modificada por la Ley Nº 31591, publicada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, introduciendo modificaciones respecto de los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de casación, entre otros, por lo que corresponde a este Colegiado Supremo realizar el análisis integral de las normas propias de la justicia administrativa, en específico, de los artículos 34 y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y las disposiciones del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 31591, señalando que se tomarán de forma supletoria para regular la casación del proceso contencioso administrativo: el inciso 13 y literal c) del inciso 24 del artículo 386 , los incisos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 391 del Código Procesal Civil. Debiendo precisarse que los requisitos de admisibilidad omitidos son el literal a. –respecto a la cuantía– y literal b. –respecto al pronunciamiento de segunda instancia que revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia– del inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, los que han sido introducidos por la Ley Nº 31591 y que no serán de aplicación por encontrarse regulados en la ley de la especialidad”. 

Criterio para determinar discriminación laboral

"...en los casos en que se denuncia un acto de discriminación, es clave partir de un término de comparación o tertium comparationis, a partir del cual se pueda realizar un paragón entre una y otra persona".

Préstamo es una relación que va más allá de la que debe existir entre un servidor judicial a cargo del trámite de un proceso y una de las partes

"...En consecuencia, de lo expuesto se tiene que el investigado César Magno Madrid Dávila, en su condición de especialista legal del Juzgado Civil de Concepción, Distrito Judicial de Junín, mantuvo una relación extraprocesal con el señor Saúl Tito Poma Calderón, parte demandante en el expediente Medida Cautelar número cero treinta y nueve guion dos mil veinte guion ochenta y uno guion mil quinientos cuatro guion JR guion CI guion cero uno, que se encontraba a su cargo como especialista legal del referido juzgado. Habiéndose generado una relación que va más allá de la que debe existir entre un servidor judicial a cargo del trámite de un proceso y un litigante, ya que la solicitud de préstamo por parte del servidor judicial Madrid Dávila al litigante Poma Calderón ha sido acreditada precedentemente, quedando evidenciado que los mencionados giros de dinero en favor del investigado tenían la finalidad de que éste apoye al quejoso Poma Calderón en el trámite de sus procesos civiles".

Sin título válido, el demandante no puede promover acción de desalojo

"...para otorgar la posesión de un bien inmueble, el sujeto debe estar premunido o legitimado para ello, lo cual no ha sucedido en el presente caso, pues el demandante Edwin Mercado Gonzales no cuenta con ningún derecho sobre el bien inmueble objeto de restitución, pues el título que lo constituía como propietario ha dejado de surtir sus efectos, no resultando factible que pretenda la restitución del bien inmueble a su favor cuando aquel no se encuentra habilitado para promover la acción de desalojo". 

No se puede limitar el horario para presentar documentos en mesa de partes virtual de entidades públicas

"...la limitación denunciada consistente en que la documentación presentada por los administrados en un día hábil pero fuera del horario de atención de una entidad, se considere como recibida al día hábil siguiente, lo cual contraviene lo dispuesto en los numerales 123.2 y 123.3 del artículo 123 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los cuales no contienen ninguna limitación o restricción para la recepción de documentos el día de su presentación cuando son presentados a través de medios de transmisión de datos a distancia; sino que por el contrario, establecen que las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a facilitar el empleo de sistemas de transmisión de datos a distancia para la recepción de documentos o solicitudes, y dispone que cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, no es necesaria la posterior presentación física de la documentación remitida".

El Juez debe tomar en cuenta no sólo las obligaciones del contrato sino también las emanadas por mandato de Ley

«...en el caso concreto la sentencia de vista habría tomado en cuenta solo las obligaciones pactadas en el contrato, las cual se ciñen en la obligación “de dar”, esto es, que, en un contrato de compraventa, la obligación principal se manifiesta en la entrega del bien frente a la contraprestación del pago; por otro lado, la citada sentencia no tomó en cuenta las obligaciones emanadas por mandato de ley, aduciendo que estas no tenían conexión lógica con las obligaciones del contrato, pese a que, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando tercero y las pruebas ofrecidas por el demandante respecto a la intencionalidad del demandado de urbanizar su predio, denota que los predios se habrían ofrecido con fines habitacionales; en ese sentido, las obligaciones establecidas en la Ley N.º 29090 coexistirían con las obligaciones emanadas del contrato, ya que, si uno adquiere un predio con fines habitacionales, espera que el vendedor realice los trámites para urbanización de la zona donde se localiza el predio adquirido. En ese sentido, las obligaciones emanadas del contrato y las establecidas en la ley tendrían calidad de conjuntivas, ello debido a que ambas son de obligatorio cumplimiento, esto es, la primera por pacto entre las partes y las segundas por mandato imperativo de la ley». 

El despido por falta grave debe ser inmediato

"El principio de inmediatez tiene por objeto la protección del trabajador en los casos de despido individual por causas relacionadas con su conducta o capacidad, estableciendo una limitación al despido a través de la exigencia de una relación causal y de contemporaneidad entre éste y el hecho que lo causa, en tal sentido el momento en que se produzca el despido debe guardar relación inmediata con aquél en el cual el empleador conoció o comprobó la existencia de la falta cometida por el trabajador; este plazo no debe ser muy prolongado a efectos de librar al trabajador de una continua responsabilidad por infracciones pasadas. En el presente caso, se aprecia que la empresa demandada al haber imputado las faltas graves no ha actuado con inmediatez, contraviniendo el artículo 31° del Decreto Legislativo número 728". 

Los bancos tienen la obligación de contar con todas las medidas para garantizar la seguridad de las transacciones de sus clientes

"...la Sala estima relevante puntualizar que, de acuerdo con la garantía legal contemplada en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento), aprobado por Resolución SBS 6523-2013, el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores, se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, ineludiblemente, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.

Competencia de los Juzgados Comerciales - Hipoteca

«...la relación contractual cuya nulidad se solicita en el presente proceso, derivan del Contrato de Mutuo con Garantía Hipotecaria [...], de cuyo tenor no se aprecia que las partes efectúen dicha actividad de manera habitual como instrumento de su actividad económica. Por tal razón podemos arribar a la conclusión de que no nos encontramos ante un contrato de naturaleza comercial sino frente a un contrato de naturaleza civil...”.

INDECOPI: Las obligaciones de saneamiento inmobiliario que corresponden a los proveedores no prescriben

«...la doctrina autorizada define que es infracción permanente aquella “en donde el administrado se mantiene en una situación infractora, cuyo mantenimiento le es imputable. (…) no son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que persisten, sino la conducta misma” [...] las infracciones permanentes se caracterizan porque determinan la creación de una situación antijurídica que  se prolonga durante un tiempo por voluntad de su autor. Así, a lo largo de aquel tiempo en que el ilícito se sigue consumando, la infracción se continúa cometiendo, prolongándose hasta que se abandona la situación antijurídica.[...] cuando un consumidor adquiere un inmueble, espera que se encuentre debidamente saneado, o en todo caso que dicho saneamiento se realice lo más pronto posible, caso contrario si se entrega un inmueble a un consumidor y queda pendiente su saneamiento físico y legal de manera abierta y atemporal, significa en esencia dejar al consumidor en situación de desventaja, impidiendo que este pueda ejercer válidamente sus derechos y prerrogativas como propietario; por lo tanto, la infracción del Código es de carácter permanente, es decir, que siempre estará pendiente de cumplimiento hasta que se produzca el saneamiento.[...] las obligaciones de saneamiento inmobiliario que corresponden a los proveedores, constituyen una infracción permanente y como tal no prescriben, de tal manera que si no se efectúa la independización, la declaratoria de fábrica o la inscripción de la escritura pública del contrato de compraventa en Registros Públicos, y transcurren más de 2 años, dichas obligaciones no prescriben y perduran en el tiempo, de tal manera que podrá acudirse al Indecopi a buscar la tutela para exigir su cumplimiento a los proveedores inmobiliarios, hasta que cese la conducta infractora, a partir del cual se configurará la presunta infracción y se iniciará el plazo de prescripción de 2 años». 

El deber de los jueces de argumentar las razones de sus decisiones

"En un estado constitucional de derecho, la motivación es el deber de argumentar de los jueces o el deber de dar razones que supongan justificar sus decisiones".