La aplicación de criterios previos por los jueces en procesos contra el mismo imputado no constituye, por sí sola, un indicio de parcialidad, sino una manifestación del principio de seguridad jurídica.

"El recusante sostuvo como argumento principal la existencia de sesgos de confirmación; no obstante, no aportó pruebas suficientes que respaldaran esta alegación. Así, la mera intervención de los recusados en un proceso previo no constituye per se un motivo objetivo y grave para dudar de su imparcialidad, toda vez que cada causa se analiza y resuelve según sus propias particularidades. En virtud del principio de independencia judicial, los jueces ejercen su función con albedrío funcional, lo que les permite determinar de manera autónoma la declaración del derecho en cada caso concreto. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que, según la psicología cognitiva, la formación de sesgos es poco probable cuando las decisiones se sustentan en juicios analíticos que tengan como contrapartida evidencias contrastadas en base a criterios sistematizados, como ocurre en el caso de las sentencias penales.

Aranceles Judiciales 2026

Mediante Resolución Administrativa Nº 000481-2025-CE-PJ (El Peruano, 31.12.2025), se ha fijado el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) en S/ 550.00 y se aprueba el cuadro de Aranceles Judiciales correspondientes al año judicial 2026.

La responsabilidad profesional del abogado no es delegable ni excusable en el practicante

"Se observa que en sus descargos [el abogado] RECONOCE haber firmado más de una demanda con el mismo petitorio debido a un error material mas no de una manera intencional. Por lo que se determina, que el abogado quejado no habría procedido con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en sus actos e intervenciones en ante los Órganos Jurisdiccionales.

Los Acuerdos Plenarios carecen de carácter vinculante

"15. ...los Acuerdos Plenarios cumplen efectivamente con el debe de uniformidad de la jurisprudencia, constituyendo así un medio importante para la predictibilidad de los resultados de la judicatura ordinaria y la proscripción de la arbitrariedad.

Enfoque de Curso de Vida: las experiencias y condiciones a lo largo de la vida de un ser humano, se acumulan e inciden en su cotidianidad

"ENFOQUE DE CURSO DE VIDA - Concepto 

(...) perspectiva que permite entender que las experiencias y condiciones a lo largo de la vida de un ser humano, se acumulan e inciden en su cotidianidad. De manera que, las intervenciones que se realicen en etapas tempranas repercuten en etapas posteriores. Este marco considera todas las trayectorias vitales de un individuo, es decir, todos los roles en los que se desenvuelve, sobre todo, en aquellos que forjan las primeras manifestaciones de la personalidad, como, por ejemplo, la adolescencia y su interrelación con otros individuos, la familia y la sociedad".

El derecho constitucional a la debida notificación en sede administrativa

«... se aprecia de autos que la notificación electrónica efectuada no garantizó el derecho de defensa de la parte demandante, pues esta no cumplió los términos expresamente definidos en el artículo 20.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al no haberse asegurado la entidad emplazada recibir la confirmación de la recepción de la notificación, más aún cuando esta se efectuó cuando la parte demandante todavía no había expresado su consentimiento para tal forma de notificación". 

La supremacía constitucional en la actuación administrativa

«...es importante recalcar que por mandato del artículo 51 de nuestra Norma Fundamental, 

 

“La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (…)”. 

Definición de tercerización

"Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación, siendo el elemento determinante la autonomía".

La notificación en el buzón SOL no constituye certeza suficiente de la debida notificación

"...el Tribunal Constitucional ha fijado que no es suficiente para garantizar certeza del contribuyente el pretender que el deber de notificación se agota en el envío al buzón SOL.

Carga probatoria de la intimidación en la renuncia laboral

"La renuncia constituye una manifestación libre y voluntaria del trabajador en la que se evidencia el deseo de dar por concluido el vínculo laboral. En caso de alegarse la intimidación, esta deberá ser probada de manera fehaciente, al interior del proceso".

La presunción de laboralidad

"...el artículo 23.2 de la Ley N.° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece que, la carga probatoria del trabajador se limita a la acreditación del elemento del contrato de trabajo de mayor accesibilidad probatoria, esto es, la prestación de servicios que activa la presunción de laboralidad que venimos analizando, por la cual se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y continuo; y, revierte la carga al empleador, quien debe desvirtuar la relación laboral que se presume, acreditando la existencia de una relación contractual distinta a la postulada".

Se vulnera el derecho a impugnar en el Procedimiento Administrativo Sancionador cuando no se notifica válidamente la resolución impugnable

"...el derecho al debido procedimiento comprende, entre otros aspectos, el derecho a impugnar los actos administrativos, bien mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o bien ‒llegado el caso‒ a través de la vía judicial (ya sea en el proceso contencioso-administrativo o proceso de amparo). Ello busca garantizar que los administrados tengan la oportunidad de que lo resuelto por una entidad pública sea revisado, en el propio procedimiento, por el mismo órgano que dictó el acto administrativo (mediante un recurso de reconsideración) o por el superior jerárquico (mediante un recurso de apelación). Así, el derecho a impugnar los actos administrativos se vulnera cuando los administrados se ven imposibilitados de ejercer los medios impugnatorios suficientes. 

Inaplicación de precedente

"...la interpretación judicial fundada en hechos probados y en límites procesales objetivos no puede ser calificada como una omisión normativa".

Causa justa de despido - inhabilitación del trabajador

"Al verificare que el supuesto de hecho, no se subsume en la tipología del despido incausado, pues existió una causa justa de despido que es la inhabilitación del demandante para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el supuesto de hecho, tampoco se subsume en la tipología del despido fraudulento porque los hechos por los cuales fue despedido el recurrente no son hechos falsos o inventados; siendo ello así, no se advierte la vulneración del artículo 24 y del artículo 31 de la LPCL. Por estas consideraciones, las causales sustantivas declaradas procedentes". 

La reducción de remuneraciones puede ser consensuada de manera verbal

"La reducción de la remuneración en el contexto de la Ley Nº 9463, puede ser consensuada; y siendo que, tal aceptación puede ser no necesariamente por escrito, sino también puede darse verbalmente, en un contexto excepcional que lo justifique".

Precedente vinculante sobre pensiones y aplicación del principio iura novit curia

"...este Tribunal, en uso de la facultad conferida por el artículo VI del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, estima pertinente establecer, como precedente de observancia obligatoria, las reglas de derecho que se desprenden de ciertas circunstancias fácticas y jurídicas que se derivan directamente del caso, resumidas en los siguientes términos: 

Tribunal Constitucional fija doctrina sobre los límites del acceso a la información pública

"Emisión de doctrina jurisprudencial en materia de acceso a la información pública

29. Habiéndose expresado las consideraciones anteriores sobre el derecho de acceso a la información pública, este Tribunal considera oportuno, de conformidad el artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, establecer como doctrina jurisprudencial los criterios plasmados en el presente pronunciamiento, según las cuales, no son información pública: 

La transacción extrajudicial y la tutela de los derechos del trabajador en casos de accidente de trabajo

«...en casos como el que nos ocupa, que versa sobre indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo, el órgano jurisdiccional debe salvaguardar los derechos de los trabajadores, quienes podrían acceder a un monto diminuto e irrisorio, por falta de asistencia legal oportuna o encontrarse en una posición de desventaja frente a su empleador, en comparación con lo que podría obtener en un proceso judicial, acreditando el daño sufrido y las circunstancias en que han ocurrido los hechos; siendo en este punto relevante el control judicial (sobre todo en materia indemnizatoria) que implica justamente verificar la satisfacción de las pretensiones que se han planteado en el proceso, por medio de las concesiones recíprocas, que no necesariamente tienen que ser igual de beneficiosas para ambas partes, pero al versar sobre temas laborales, implica que los derechos del trabajador no se vean reducidos, sino que dicho acuerdo sea realizado dentro del marco del derecho". 

Elementos de la vinculación económica en materia laboral

«Según el laboralista español, Sagardoy, denomina grupo de empresas “al conjunto de empresas formalmente autónomas, pero sometidas a una dirección económica única”, siendo elementos esenciales del concepto los tres siguientes: a) pluralidad de componentes (varios empresarios constituidos de forma jurídicamente independientes); b) poder de dirección único, común o unitario (se erige un centro de decisión externa que impide que cada empresa individual tenga capacidad decisoria propia, limitándose esta sólo a los aspectos ejecutivos y secundarios), c) estructura económica común del grupo en una unidad financiera, es decir, los patrimonios de las distintas sociedades son considerados como una masa de capitales, en razón de la cual siguen una política económica global, trazada y controlada por la autoridad del grupo)"».

La naturaleza excepcional de la solidaridad y su proyección en las relaciones laborales

"El artículo 1183 del Código Civil, establece como regla general, que la solidaridad no se presume, la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa; y tratándose de las obligaciones laborales, habrá solidaridad entre las empresas, siempre que la vinculación económica entre ellas se encuentre objetivamente acreditada".